También se puede y, en ocasiones, se debe escribir sobre política. Es lo que intentaré hacer a continuación, aunque sin mucha fe en que se entienda lo que quiero expresar. Advierto a los lectores que vivan fuera de España de que este artículo está escrito en clave española y puede resultarles ajeno, aunque los males que aquejan a la sociedad española son muy parecidos a los que castigan a otras sociedades hispanoamericanas.
En España, anda el patio revuelto, aunque tampoco demasiado para como debería estarlo. Ha surgido un movimiento ciudadano llamado Democracia real ya al socaire de las recientes revueltas en los países del Magreb, de los efectos de la crisis económica y de una corriente de pensamiento que aconseja la indignación ciudadana, representada por el libro del antiguo miembro de la resistencia francesa, el jovial nonagenario Stéphane Hessel, de título ¡Indignaos! (Ediciones Destino). Sin duda, debemos congratularnos de que comience a romperse, aunque solo sea superficialmente, esta estúpida calma chicha.
Democracia real ya incita, en esencia, a no votar a los grandes partidos nacionales (PSOE y PP), que son los grandes detentadores del poder en España durante las tres últimas décadas, pero por lo que he visto no aconseja la abstención. En sus propuestas hay un mejunje de ideas: unas afectan al sistema político, al modo en que el individuo se relaciona con el poder, como por ejemplo la exigencia de una nueva ley electoral, y otras constituyen un verdadero programa de gobierno que firmaría cualquier partido de izquierda, por lo que tengo mis dudas de que los conservadores que, según el propio movimiento ciudadano, forman parte de él estén por la labor de apoyarlas. Demasiada confusión, pues, para poder llegar lejos. Pero antes de decir lo que pienso, debo describir lo que hay. Estos son los hechos.
Aparte de pedirla, ¿sabemos qué es democracia?
Al llamar a este movimiento Democracia real ya, sus promotores afirman implícitamente que el régimen de poder mal llamado democrático que somete a España es aparente. Hasta ahí conformes. Pero es necesario que determinemos qué entendemos por democracia, porque no basta solo con una definición basada en la etimología (demos=pueblo, cracia=gobierno), demasiado vaga. Afortunadamente, existe la Ciencia Política, en cuyo seno se ha delimitado el concepto de democracia. Así, cuando hablamos de democracia lo hacemos de un sistema político para cuya existencia es imperativo el cumplimiento de tres principios:
- Principio representativo: los electores eligen a sus representantes en la Asamblea Legislativa.
- Principio ejecutivo: los gobernados eligen a sus gobernantes.
- Principio separatorio: separación de poderes legislativo, ejecutivo y judicial.
El incumplimiento de uno solo de estos tres principios es suficiente para que el régimen político deje de ser democrático. En España, si ustedes me acompañan en la comprobación de los hechos, no se cumple ninguno.
Principio representativo. ¿Hay alguien ahí?
Tengo frente a mí, esparcidas sobre la mesa, algunas de las papeletas electorales donde aparecen los nombres y apellidos de los candidatos a diputado autonómico y a concejal de mi ayuntamiento. Iba a aclarar a los lectores que no son españoles que el próximo domingo todos los españoles y residentes extranjeros en España estamos convocados a unas elecciones regionales y municipales. Pero creo que será mejor que se lo aclare también a la mayor parte de mis compatriotas: el próximo domingo 22 de mayo estamos convocados a unas elecciones legislativas, que son las únicas en las que la ley electoral española permite participar a los ciudadanos. Recuerdo (o revelo por primera vez a algunos) que en España no existen las elecciones para elegir el poder ejecutivo.
Pues bien: tomo al azar una de esas papeletas. Hay una lista de nombres y apellidos de hombres y mujeres a los que no conozco personalmente, aunque sé quién es el que aparece en la primera posición de esa lista porque leo los periódicos. Nunca crucé dos palabras con él. No sé cómo es, desconozco su valía profesional, su carácter, si está bien de salud, si es trabajador, si es un holgazán, si es honrado o un caradura. Es un completo extraño para mí. Del resto de nombres de la lista, puedo decir lo mismo: no sé quiénes son.
Pienso ahora en que, si por una casualidad, conociese a la persona que ocupa el último lugar en la lista de esta papeleta y supiese que se trata de alguien cabal, capaz, esforzado, leal y trabajador, estoy seguro de que le daría mi voto porque me gustaría ser representado por alguien así. Pero me doy cuenta de que sería inútil: en el mejor de los casos, solo conseguirán ser diputados los cuatro o cinco primeros nombres de esta lista, con lo que esa persona que yo conocía en el ejemplo imaginario nunca sería elegida. Me pregunto entonces si sería posible que esa persona ocupase una posición más alta en la lista. ¿Quién ha decidido que sea la última de la fila? Sé que no ha habido elecciones en su partido político para determinar eso; sé que ha sido el jefe de ese partido (que es el situado en primer lugar) quien ha tomado la decisión de que esta otra persona cierre la lista.
El jefe político es el primer candidato a ser diputado, es decir, a ser representante de los ciudadanos: poder legislativo. Si voto a este partido, lo hago con la intención de que su jefe me represente. Esto quiere decir que trabajará para defender mis intereses ante el poder gubernativo, controlará al gobierno, cumplirá mi mandato: “te elijo para que hagas esto y esto y aquello. Para que no permitas que el poder vaya en contra de mis derechos. Te doy mi legitimidad, te cedo la parte de poder que me corresponde como ciudadano”. Pero el jefe del partido no puede evitar una sonrisa y me responde: “Lo siento, amigo, la Constitución Española me prohíbe actuar bajo ningún mandato imperativo. Pero gracias por tu voto. Nos vemos dentro de cuatro años”. Confuso, acudo a mi ejemplar de la Constitución Española, busco y encuentro el artículo que da la razón al jefe de partido al que he dado mi voto: “Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo” artículo 67.2. ¿Cómo va a representarme quien no está ligado a mí bajo mi propio mandato? ¿Qué valor tiene entonces mi voto? ¿Qué se hizo de mi parte de poder soberano? Mi representante no me representa porque la Ley de Leyes lo prohíbe, (si bien el jefe del partido no respeta ese artículo cada vez que impone la disciplina de partido a sus diputados). El principio representativo no existe.
Principio ejecutivo. La mentira mediática.
Hay que reconocer que la campaña electoral da vida y colorido a las calles de nuestras ciudades y pueblos. Los coches cubiertos con los carteles, transmitiendo a través de la megafonía las promesas de los candidatos. Los mismos carteles aparecen colgados de las farolas: mujeres y hombres sonriendo, en una pose que los hace irreconocibles, porque siempre los vemos en los medios de comunicación serios e irritados. Está bien descubrir que saben sonreír. Son más parecidos a nosotros de lo que pensamos o deseamos.
He dicho candidatos. Lo digo yo y lo dice todo el mundo, ellos también. Pero ¿candidatos a qué? En un tríptico informativo de un determinado partido político tenemos la respuesta: Fulano de Tal, candidato a la Presidencia del Principado de Asturias. Pero no, eso no es correcto. En realidad, debería decir: Fulano de Tal, candidato a diputado regional en el Parlamento de Asturias. Cabe preguntarse qué nos importa a los ciudadanos que este señor sea el candidato por su partido a la Jefatura del Gobierno de esta Comunidad Autónoma. Por mucho que los medios de comunicación y los propios partidos políticos así lo presenten, ninguno de los ciudadanos convocados a estas elecciones podrá elegir a Fulano de Tal para que sea Presidente. No hay elecciones presidenciales. Nunca las ha habido. Quienes hicieron la ley electoral decidieron que los españoles no somos muy de fiar y que es mejor que otros elijan a nuestros gobernantes en nuestro nombre. Así que el procedimiento es el siguiente: los ciudadanos eligen a sus diputados y estos al Jefe de Gobierno.
Pero hemos visto que el principio representativo falla, que la Constitución niega la esencia de la representatividad electoral: si el diputado que consigue su escaño no me representa, ¿cómo va a elegir por mí al Jefe del Gobierno? Porque, no lo olvidemos, lo fundamental es que el poder legislativo controle y vigile al poder ejecutivo. Yo le pregunto a usted: un candidato que ha sido elegido diputado precisamente porque el jefe de su partido lo colocó entre los primeros lugares de la lista, que no está ligado a usted bajo ningún mandato imperativo ¿a quién hará caso: a usted o al jefe que lo puso en una buena posición? Creo que la respuesta es fácil.
Conozco la objeción de quienes defienden este régimen de poder: “al votar a un partido, estás eligiendo ya al jefe del partido como jefe de gobierno; la votación en la Asamblea es un mero formalismo”. A lo que respondo: “No, porque siempre se puede dar el caso -y se da a menudo- de que el jefe de tal partido que no ha conseguido la mayoría pacte con el jefe de otro partido también minoritario para que, juntos, obtengan fuera de las urnas la mayoría que los electores no les dieron en ellas. Son pactos que se producen fuera de los Parlamentos, generalmente en las sedes de los partidos. Por lo tanto, la voluntad popular de nuevo pisoteada. Si voto al partido A no es para que pacte con el partido C y gobiernen juntos. Detesto al partido C y siento que han comerciado con mi voto”.
Si no estoy convocado para elegir en una urna al Jefe de Gobierno, el principio ejecutivo se incumple en España.
Principio separatorio. Menos es más.
Recuerdo ahora cuando, en una ocasión en que discutía con otra persona sobre este asunto, dije: “en España no hay separación de poderes”. Mi interlocutor, llevándose las manos a la cabeza, verdaderamente asustado de mi afirmación, de mi blasfemia, me preguntaba como si estuviese delante de un niño: “¿pero no ves que están el Congreso de los Diputados y Moncloa?”
Continente no es lo mismo que contenido, ni el órgano es su función. De todo lo expuesto en los párrafos anteriores es fácil deducir que de una sola urna, de una sola lista, surgen los tres poderes del Estado: el legislativo, porque hay diputados que han sido “elegidos” por su jefe; el ejecutivo, porque el jefe del partido es “elegido” por sus “elegidos”; el poder judicial, porque su máximo órgano de gobierno, el Consejo General del Poder Judicial, está compuesto por jueces propuestos (léase “elegidos”) por los partidos políticos que controlan los otros dos poderes. Partitocracia, ausencia de división de poderes. Hace años que Alfonso Guerra, uno de los personajes más nefastos de la Historia de España, dijo aquello de “Montesquieu ha muerto”. No, no hay división de poderes, porque no hay división de origen. Lo que hay es un único poder con división de funciones. De una misma urna no pueden salir tres poderes diferenciados. El principio separatorio no se cumple en España.
Pelillos a la mar o de cómo mirar hacia otro lado.
Este es el panorama o, como nos gusta decir en España, esto es lo que hay. Objetivamente, no hay democracia. Sí hay un régimen de libertades públicas, muy limitadas y que dependen en exceso del poder adquisitivo de las personas. Se nos considera más como consumidores que como ciudadanos. Pero democracia no hay. ¿Es esta evidencia un problema para los españoles?
La respuesta a esa pregunta creo que no ofrece dudas a casi nadie: no, a los españoles les importa poco. Tienen delante de sus narices la evidencia de que han sido desalojados del poder en la famosa Transición democrática tras la muerte de Franco. Todo cambió para que todo siguiese igual. Y así continúa sin que a la mayoría le importe. Ciudadanos, personas adultas que ni en sus casas ni en sus profesiones permitirían ser tutelados, aceptan con sumisión inaudita este estado de cosas.
La misma mayoría que no duda en afirmar que en España hay democracia desprecia a los políticos en las encuestas sobre popularidad, pero no puede prescindir de ellos en cada cita electoral: en los bares se oye decir de ellos que son unos sinvergüenzas, que hacen lo que quieren, que mienten más que hablan, pero acudimos puntuales y obedientes a las urnas. Pensando que les otorgamos legitimidad, lo que hacemos es darles nuestra complicidad. Ellos son los chamanes, los especialistas de la res publica y la mayoría prefiere dejar los asuntos públicos en sus manos. Para la mayoría votar no es un derecho, sino un deber cívico. Si no votas, no tienes derecho a protestar, dicen muchos. España es un pueblo sin coraje, que prefiere dejarse llevar, dejarse gobernar. Nos puede la pereza, la complacencia, la ignorancia.
Así están las cosas: ciudadanos tutelados que ejercen su derecho pensando que es un deber. Introduciendo una papeleta en una urna convencidos de que influyen en los asuntos públicos, convencidos de que han participado en la “fiesta democrática”. Refrendando lo que otro eligió por ellos. Orgullosos de no ser respetados.
¿La única acción digna no será acaso no participar en esta gran mentira? Dejo la respuesta a su consideración.
Foto: Urna funeraria, de ovando bajo licencia Creative Commons Atribución-No comercial-Compartir.
Todo tiene un final y esta página web no iba a ser una excepción. Del mismo modo en que es inevitable que ahora termine, tuvo -a mi juicio- sus buenas razones para nacer y crecer (un poco), porque era necesario dar a conocer a los escritores que había llegado un nuevo modo de hacer las cosas, que el paradigma tradicional tenía que compartir espacio y atención con el que implantaba Internet en el mundo de la creación literaria y de la edición. Tres años en la red es mucho tiempo (Google acaba, por ejemplo, de celebrar su decimotercer cumpleaños y por eso parece una web eterna) y en tan amplio periodo ideas y conceptos que chirriaban en los oídos de muchas personas en 2008 son hoy de común aceptación. Así, pues, nos contentamos con haber incidido en aspectos tales como la necesidad de que el escritor asuma que ha de ser el primero en promocionar su propia obra por medio de las herramientas que le ofrece la tecnología, cuestiones en las que otras personas eran pioneras desde mucho antes de que Escritor de Oficio naciese: son los casos de Neus Arqués y de María Ripoll Cera.
